En Francia, las penas por realizar un proceso de gestación subrogada o por actuar como intermediario legal o médico incluyen no solo multas económicas sino también penas de cárcel.
Hacer de intermediario se castiga con un año de prisión y una multa de 15 000 euros, pero esas penas se multiplican por dos si los hechos se producen con fines de lucro o de manera habitual, lo que sería el caso de las agencias.
Las sanciones son más duras para los profesionales del sector médico que para los padres de intención.
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